La recompra de la renta por accidente de trabajo ha permitido durante mucho tiempo a las víctimas convertir una fracción de su renta vitalicia en capital inmediato. La ley de financiación de la Seguridad Social para 2020 eliminó esta posibilidad de recompra parcial. La reforma AT-MP derivada de la ley del 28 de febrero de 2025 rediseña de manera más amplia el marco de indemnización. Preparar un expediente en 2026 supone entender qué régimen se aplica según la fecha del siniestro, qué documentos reunir y qué plazos respetar.
Régimen aplicable según la fecha del siniestro: tabla comparativa
La confusión más frecuente se refiere a la aplicación en el tiempo de la reforma. Un accidente ocurrido antes de la entrada en vigor de la eliminación de la recompra parcial no se rige por las mismas normas que un siniestro más reciente. La tabla a continuación sintetiza las distinciones a conocer antes de cualquier trámite.
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| Criterio | Siniestro anterior a 2020 | Siniestro posterior a 2020 |
|---|---|---|
| Recompra parcial (conversión en capital) | Posibilidad abierta si derechos ya validados | Eliminado por la LFSS 2020 |
| Estructura de la renta | Renta calculada sobre el porcentaje de incapacidad permanente global | Distinción entre parte funcional / parte profesional (reforma 2025) |
| Documentos justificativos clave | Certificado médico, notificación de IPP, historial laboral | Justificantes de pérdida de ingresos, pruebas de impacto profesional |
| Plazo de tratamiento (régimen general) | Variable, a menudo varios meses | Calendario alineado con la reforma AT-MP 2025 |
| Régimen agrícola (MSA) | Ventana de tratamiento propia | Desplazamiento en relación con el régimen general |
La distinción entre derechos ya abiertos y nuevos expedientes condiciona toda la estrategia. Un trabajador cuyo recompra parcial ha sido validada antes de la eliminación conserva sus derechos adquiridos. En cambio, un expediente abierto después de 2020 ya no puede aspirar a esta conversión en capital.
Entender los trámites para la recompra de renta por accidente de trabajo 2026 pasa primero por esta verificación de la fecha del siniestro y del estado del expediente ante la CPAM.
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Parte funcional y parte profesional: la nueva lógica de prueba
La reforma AT-MP promulgada el 28 de febrero de 2025 introduce una indemnización dual que separa el perjuicio físico del perjuicio económico. Esta distinción cambia profundamente la manera de preparar un expediente.
La parte funcional cubre el déficit físico o psíquico relacionado con el accidente. La parte profesional, por su parte, se centra en la pérdida de ingresos efectiva y las consecuencias en la carrera del trabajador.
Documentos a reunir para demostrar la pérdida de ingresos
Los artículos concurrentes mencionan esta dualidad sin detallar los justificantes esperados. Para un trabajador en actividad discontinua o precaria, la prueba del impacto profesional real constituye el principal punto de bloqueo. Aquí están los documentos a reunir:
- Los recibos de salario de los doce meses anteriores al accidente y los posteriores a la reanudación, para objetivar la diferencia de ingresos
- Las certificaciones de empleadores sucesivos o los informes de Pôle emploi si la actividad está fragmentada, para documentar los períodos sin empleo relacionados con la discapacidad
- Un certificado médico detallado que establezca el vínculo entre las secuelas y la reducción de la capacidad de trabajo, distinto del simple porcentaje de incapacidad permanente
- Cualquier carta de rechazo de contratación o de adaptación de puesto que ilustre el impacto concreto en la empleabilidad
Un expediente sólido se basa en la convergencia entre datos médicos y datos profesionales. Un porcentaje de IPP elevado ya no es suficiente por sí solo para obtener una indemnización óptima: es la demostración cuantificada de la pérdida de ingresos la que marca la diferencia en la parte profesional.
Calendario de trámites y desfase entre régimen general y MSA
El momento de la solicitud varía según el organismo del que dependa el asegurado. Para el régimen general, la CPAM trata los expedientes de renta según un calendario alineado con la reforma 2025. Las notificaciones de porcentaje de incapacidad permanente y las revisiones siguen un circuito que puede tardar varios meses.
Para los asegurados que pertenecen al régimen agrícola (MSA), el cambio hacia las nuevas reglas no ocurre al mismo tiempo que para el régimen general. Este desfase crea una ventana durante la cual los trámites deben anticiparse por separado.
Pasos concretos antes de presentar una solicitud
Antes de cualquier solicitud a la CPAM o a la MSA, se imponen tres verificaciones. Primero, comprobar la notificación de incapacidad permanente: el porcentaje de IPP fijado condiciona el tipo de renta (pago trimestral para un porcentaje entre el 10 % y el 49 %, mensual por encima del 50 %). Luego, verificar que el certificado médico de consolidación esté actualizado, ya que cualquier impugnación del porcentaje suspende el cálculo de la renta.
Finalmente, para los trabajadores cuyo accidente es anterior a 2020 y que aún tienen derechos a la recompra parcial, la solicitud debe formalizarse rápidamente ante la caja competente. No se ha anunciado ninguna prórroga de plazo para estas situaciones residuales.
Recursos en caso de porcentaje de incapacidad subestimado
Un porcentaje de IPP impugnado provoca un bloqueo de todo el expediente de renta. El procedimiento de impugnación pasa por la comisión médica de recurso amistoso, y luego, si es necesario, por el tribunal judicial (polo social).
El punto a no descuidar: la reforma 2025 utiliza el referente Mornet como base de cálculo de los perjuicios. Este baremo, derivado de la práctica judicial en daños corporales, modifica los montos de referencia en comparación con el antiguo sistema. Hacer evaluar su expediente por un médico asesor independiente antes de impugnar permite estimar si la diferencia justifica el procedimiento.
Para las víctimas de una falta inexcusable del empleador, la reforma ahora regula de manera más estricta la indemnización complementaria relacionada con el déficit funcional permanente. Este cambio modifica el cálculo global y puede reducir el interés de un recurso si el porcentaje de IPP es bajo.
La preparación de un expediente de recompra o de indemnización de renta AT en 2026 se juega en la rigurosidad documental y el respeto del calendario propio de cada régimen. Un trabajador que reúne sus justificantes de pérdida de ingresos, verifica la fecha de su siniestro e identifica su caja competente antes de presentar su solicitud reduce considerablemente el riesgo de rechazo o de retraso.